A propósito del Coronavirus: el teletrabajo en Nicaragua

Mientras redacto esta nueva entrada de #Legalfella, tengo tanto a mi tía con la que vivo en Chile como a mi hermano en Brasil trabajando desde sus computadoras. Ambos trabajando desde sus casas debido al riesgo al contagio que representa el Coronavirus en estos países. Igualmente, mis clases de maestría han tenido que recurrir en los últimos días a las videoconferencias, a fin de evitar exponer a los estudiantes y permitir una suerte de continuidad en el proceso de enseñanza. Y es desgraciadamente el contexto actual de pandemia en el que nos encontramos, el que motiva esta entrada en #Legalfella: el teletrabajo.

Entendiendo el teletrabajo como el trabajo a distancia, o también conocido como trabajo digital, trabajo desde casa, trabajo móvil, entre otros calificativos, éste consiste – de conformidad al Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo del 2002 – en una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular.

Siendo así, extraemos que los rasgos principales de un teletrabajo está en la relación laboral entre el empleado y el empleador, la cual valiéndose de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), puede desempeñar sus funciones a distancia, a como si las desempeñase en el propio local del empleador.

Debemos aclarar que naturalmente no todas las funciones laborales prestan las condiciones para ejecutarse a distancia, por la propia naturaleza de las mismas. Un ejemplo claro respecto a quienes encajan en el perfil del teletrabajo la encontramos en los clásicos trabajos de oficina: abogados, asesores financieros, diseñadores gráficos, entre otros, inclusive la arquitectura, siempre y cuando no sean las irremplazables labores de campo. De momento algunas profesiones como el médico o el dentista no pueden recurrir al teletrabajo, aunque ya hay ciertos avances con el 5G y la inteligencia artificial que harán posible esto. Pero hoy no.

En fin, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Manual de Buenas Prácticas del 2011 elaboró una suerte de perfil de aquella persona que pueda ejecutar sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo. A continuación lo que manifestó la OIT: “Es recomendable que la empresa defina el perfil del puesto dentro de la organización, y describa las competencias requeridas, cualidades y características de personalidad que deba reunir la persona para conocer con la mayor certeza si es una posición de teletrabajo y si, además, se reúnen las competencias y exigencias para teletrabajar en el domicilio o en un lugar ajeno al domicilio de la empresa empleadora”.

Empresas con experiencia en la materia como Cisco han expresado que complementario a los elementos anteriores, encuentran en los elementos de la seguridad integral, el enfoque en la experiencia colaborativa y la conectividad simplificada, las claves para una adopción exitosa del teletrabajo.

Está demás decir que un teletrabajador o un trabajador que se vea recurrido al teletrabajo – como por ejemplo actualmente con el Coronavirus – tiene los mismos derechos y prestaciones sociales que cualquier otro trabajador, según las legislaciones laborales de cada país. En Nicaragua, quien sea contratado por teletrabajo o deba recurrir a este mecanismo, igual tendrá derecho a la integridad de su salario, su aporte a la seguridad social, vacaciones, décimo tercer mes y la jornada laboral de 48 horas, entre otras prestaciones.

Ahora bien, en cuanto al reconocimiento legal de esta figura, en Nicaragua nuestro Código de Trabajo a la fecha no la reconoce de una manera expresa. Sin embargo, esto no constituye un impedimento para su aplicación o invocación, dada la libertad de contratar entre las partes, observando que los acuerdos no contradigan lo dispuesto por la legislación laboral, que tiene un carácter público por el interés de proteger al trabajador.

Para tener una mejor noción de esta figura podemos aprender de los experimentos costarricenses y panameños –ambos con leyes de teletrabajo recién aprobadas- para destacar lo siguiente:

Costa Rica: con la publicación de la Ley Nº 9738 (“Ley para regular el teletrabajo”) en septiembre del 2019, el país hermano cuenta con una norma que surge con el objeto de promover, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para  la generación de empleo y modernización de las organizaciones públicas y privadas, a través de la utilización de tecnologías de la información y comunicación. Destaca que su ámbito de aplicación va dirigido tanto al sector privado como a toda la administración pública, en todas sus modalidades y niveles.

Manifiesta el artículo tercero en la definición que aporta sobre teletrabajo, que esta modalidad de trabajo está sujeta a los principios de oportunidad y conveniencia, donde la persona empleadora y la persona teletrabajadora definen sus objetivos y la forma en cómo se evalúan los resultados del trabajo.

Asimismo, entre las obligaciones del empleador destaca el artículo 8 las siguientes: proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, programas y valor de la energía determinado según la forma de mediación posible y acordada entre las partes y los viáticos, en caso de que las labores asignadas lo ameriten; capacitar para el adecuado manejo y uso de los equipos y programas necesarios para desarrollar sus funciones; o informar sobre el cumplimientos de las normas y directrices relacionadas con la salud ocupacional y prevención de los riesgos del trabajo.

Muy importante considerar la importancia de una legislación o reconocimiento expreso, puesto permite tener claridad en temas como por ejemplo los riesgos de trabajo. En Nicaragua al no contar con reconocimiento expreso, nos encontramos al respecto en un estado de incertidumbre jurídica. Costa Rica mediante la ley referida dispone en su artículo 10 que para el teletrabajo se aplicarán las pólizas previstas para el trabajo presencial, considerándose riesgos – en la modalidad teletrabajo – los accidentes y enfermedades que ocurran con ocasión o a consecuencia del teletrabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades.

Panamá: En mismos términos que Costa Rica, encontramos en nuestros hermanos panameños otro ejemplo de legislación en materia del teletrabajo, mediante la publicación este mismo 2020 de la Ley Nº76/2019 (“Ley que establece y regula el teletrabajo en la República de Panamá”), encontramos un marco normativo amplio, el cual aborda de manera íntegra esta figura jurídica, velando por los derechos del trabajador, tanto en materia laboral como de seguridad social.

Dispone su artículo 4 que el acuerdo deberá contener una descripción completa y detallada del puesto que será ejecutado bajo la modalidad de teletrabajo, así como las competencias requeridas del teletrabajador. Asimismo, esta norma en su artículo 5 es bien detallista en cuanto al contenido mínimo que deberá abordar, como por ejemplo los medios materiales y equipamiento que proveerá el empleador, descripción clara de la protección de datos, información, archivos y uso de internet con motivo del teletrabajo, señalamiento del tiempo de la jornada de trabajo, forma en que se efectuará el teletrabajo (parcial o completo), entre otros elementos.

Al igual que Costa Rica, se contiene una disposición en materia de riesgo, al aseverar el artículo 11 que el teletrabajador tendrá derecho al reconocimiento como accidente de trabajo los ocurridos durante el traslado y la ejecución presencial del trabajo On Call o en turno en las instalaciones o dependencias del empleador. Y en similar grado al ejemplo costarricense, también se dispone que el empleador deberá reconocer los gastos incurridos por el teletrabajador, en este caso mediante una subvención de la velocidad de ancho de banda o velocidad de la red de internet, así como el acuerdo de los gastos en que incurrirá con motivo de la realización de las actividades del teletrabajo.  

En el contexto actual – en medio de una pandemia – contar con herramientas, como el teletrabajo, ayuda a reducir la exposición y posibilidad de contagio del principal activo de toda empresa: sus trabajadores. Si bien es cierto que no todos los trabajos podrán valerse de esta figura, vale la pena estimular su uso para aquellos que por su naturaleza y funciones pueden emplear. Asimismo, también se colabora en el ahorro de gastos administrativos de la empresa a lo interno y al descongestionamiento vehicular a lo externo.

Lo anterior tampoco debe significar que debe dejarse a su suerte a los trabajadores presenciales, debiendo la empresa velar imprescindiblemente por las condiciones higiénicas del local laboral o apoyarse en asistencias adicionales, como servicio de transporte laboral, a fin de evitar la exposición al virus en el transporte público, entre otros.

Esperemos en un futuro próximo contemos – junto con un Estado de Derecho e Institucionalidad – con una regulación expresa del teletrabajo en Nicaragua, que dote a nuestro ordenamiento jurídico de herramientas para estar a la vanguardia en la protección de los derechos del trabajador así como estar mejor preparados jurídicamente en caso de eventos desafortunados como el Coronavirus.

Te ruego me dejes cualquier comentario que tengas a bien para poder mejorar, así como temas que te gustaría que abordemos. Recuerda que este blog lo hacemos entre vos y yo ¡No olvides compartir y recomendar este artículo en tus redes sociales!

Gracias por su atención y recuerden lavarse las manos.

Avil Ramírez Mayorga

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