Una cosa es aprobar leyes, otra aplicarlas

Como he tenido un domingo bastante relajado y el Madrid jugó temprano, encontré tiempo para una tercera entrada en #Legalfella. Poco a poco vamos agarrando forma y espero más pronto que tarde agarremos velocidad crucero.

Nuevamente fue difícil escoger el tema sobre el que hablar, pero viendo un documento firmado en la computadora recordé que en Nicaragua tenemos un sinnúmero de leyes bonitas de reciente aprobación que ya se le empiezan a ver las telarañas porque están intactas. Prácticamente sin uso alguno, pese a la relevancia que podrían tener en nuestras vidas. Y es por eso que he decido hablarles de las leyes aprobadas que estamos desaprovechando como sociedad.

Recordemos que, durante el matrimonio entre el gobierno sandinista y las autoridades del COSEP, escuchamos repetir como disco rayado por ambas partes las decenas de leyes que fueron aprobadas como resultado de esa alianza. Pero ¿Qué pasó con esas leyes? Porque una cosa es aprobarlas y otra es ejecutarlas. O dicho de otra forma: una cosa es venderlas y otra comprarlas. Pues bien, hagamos un repaso por el estado actual de alguna de estas leyes:

  • Ley Nº 729 (Ley de Firma Electrónica)

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 165 del 30 de agosto del 2010, esta norma surgió con el objeto de otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la firma electrónica y a los certificados digitales y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los proveedores de servicios de certificación, según se desprende de su artículo 1.

Pues bien, resulta que la entidad rectora de esta Ley de conformidad al artículo 15 es la Dirección General de Tecnología (DGTEC), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), teniendo entre sus funciones las de autorizar a los proveedores de servicios de certificación ¿Pero y estos proveedores quiénes son?

Ninguno. Una década después ninguna empresa-nacional o extranjera-se ha animado a buscar la autorización para proveer este servicio, el cual podría reportar beneficios considerables a quien sea el pionero. Es de considerar que entre los requisitos se dispone que el interesado debe contar con un patrimonio equivalente a US$ 222,051.91. Asimismo, presentar un seguro con una cuantía mínima del equivalente a US$ 1,412,824.47. Ambas cifras al tipo de cambio del 9 de febrero de 2020. Las cifras anteriores son conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 19 del Decreto Nº 57-2011 (Reglamento de la Ley Nº 729 Ley de Firma Electrónica). Lo anterior sin mencionar la inversión requerida en la infraestructura técnica y humana.

Efectivamente estos factores han constituido un serio desafío en la efectiva implementación de esta norma jurídica, que tampoco ha contado con mayor respaldo gubernamental mediante acceso a créditos o fondos internacionales para un proyecto de esta naturaleza. O por lo menos no que nosotros sepamos.

Sería un verdadero acierto y beneficio para la nación de llegarse a contar con proveedores y respaldo gubernamental que apliquen esta ley. Solo con imaginar la posibilidad de que por vía electrónica nos notifiquen de resoluciones judiciales o el envío de algún documento relacionado a la administración pública, como por ejemplo las resoluciones para poder operar un negocio ¡Cuánto tiempo nos ahorraríamos! Sin mencionar que el uso de la tecnología ha sido demostrado como uno de los factores que tienden a reducir la corrupción gubernamental al reducir el contacto físico entre las partes.

  • Ley Nº 787 (Ley de Protección de Datos Personales)

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 61 del 29 de marzo de 2012, esta es una Ley que surgió con el objeto de la protección de la persona natural o jurídica frente al tratamiento, automatizado o no, de sus datos personales en ficheros de datos públicos y privados, a efecto de garantizar el derecho a la privacidad personal y familiar y el derecho a la autodeterminación informativa, según se desprende de su artículo 1.

Se tiene que reconocer que estamos frente a una norma de primer nivel técnico y está orientada a garantizar nuestro derecho humano a la vida privada y la de su familia, inviolabilidad de domicilio, correspondencia y comunicaciones de todo tipo, al respeto a su honra y reputación así como a saber por  qué y con qué finalidad se tiene información personal. Igualmente, está orientada a proteger los intereses de los consumidores ante la recopilación de base de datos por parte de las empresas, siendo de nuestro interés saber que se hace con nuestra información personal.

Esta Ley dispone que todo aquel que recopile datos de personas deberá contar con su inscripción ante la Dirección de Protección de Datos Personales, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Estamos hablando de miles de comercio que deben contar con su inscripción y su área de recolección de datos.

Ante esto vale preguntarnos ¿Cuál ha sido el problema? ¡Que a la fecha no existe la Dirección de Protección de Datos Personales! Ocho años después de aprobada la norma, aún no se ha creado tal dirección y por tanto no hay un órgano rector que aplique la misma. Por tanto, no existe a la fecha un encargado de velar por la supervisión de los datos personales de la ciudadanía, lo que nos deja en un estado de indefensión e incertidumbre jurídica.

  • Ley Nº 691 (Ley de Simplificación de Trámites y Servicios en la Administración Pública)

¿Cuántas veces no le han rechazado una solicitud en alguna institución del Estado al faltarle un documento, el cual probablemente ya entregó en el pasado para otro trámite? Muchas veces seguramente, resultando sumamente engorroso realizar trámites que por su naturaleza deberían ser amigables y sencillos.

Pues le cuento que existe una norma con poco más de una década destinada a hacernos la vida un poco más fácil, pero su desconocimiento es algo generalizado. Tanto para la administración pública como para la ciudadanía.

Como comentario recuerdo que una vez hablando con mi jefe comentábamos respecto a esta ley, a propósito de una documentación que teníamos que entregar en el Ministerio de Energía y Minas. Prácticamente coincidíamos en que nos iban a negar la invocación de esta ley, pero por amor al deporte hicimos el experimento y le remitimos una carta a la institución señalando que con base al artículo 14 de la Ley Nº 681 ya le habíamos hecho entrega de la documentación requerida y que, por tanto, no había necesidad de volverla a acompañar. Teníamos razón.

El encargado de aplicar esta Ley es la llamada Comisión Interinstitucional de Simplificación de Trámites y Servicios en la Administración Pública (CISTRAP), de conformidad al artículo 9 de la Ley Nº 691. Brilla por su ausencia.

De haber voluntad gubernamental, la aplicación del contenido de esta Ley le salvaría muchos dolores de cabeza a la ciudadanía, ahorraría tiempos en trámites administrativos y nos facilitaría la existencia a todos. Una norma de esta naturaleza apunta al objetivo correcto, pero a la fecha su chofer no ha sabido conducirnos al cumplimiento de tal meta.

Además de las abordadas normas, existen otro sinnúmero de normas jurídicas que desgraciadamente están de adornos, cuando su aplicación sería de mucha utilidad para los nicaragüenses como sociedad. Otras al contrario se sabe muy bien de su existencia pero parece política gubernamental su no aplicación, como por ejemplo la Ley Nº 621 (Ley de Acceso a la Información Pública). Asimismo, también tenemos la oportunidad de regular muchas nuevas actividades que han ido surgiendo con el tiempo y podrían estimular su crecimiento, como por ejemplo el emprendimiento y los fintech. De igual manera, también se debe reconocer los esfuerzos legislativos que se han hecho a la fecha mediante los digestos jurídicos sectoriales (telecomunicaciones, finanzas, alimentación, propiedad, entre otros) a fin de procurar certeza en cuanto a la vigencia de las normas, habiendo algunas olvidadas en el tiempo y con más de cien años, pero vigentes a la fecha. Asimismo, sería irresponsable de mi parte decir que este es un fenómeno que sucede con todas las leyes, porque buen uso se le ha dado a la Ley de Contrato de Fideicomiso, Factoraje, Código de Familia, entre otras. Si conoces de alguna (o de algún caso), por favor déjanos tu comentario y experiencia.

Te ruego me dejes cualquier comentario que tengas a bien para poder mejorar, así como temas que te gustaría que abordemos. Recuerda que este blog lo hacemos entre vos y yo ¡No olvides compartir y recomendar este artículo en tus redes sociales!

Por cierto, que buena remontada le acaba de dar el Inter al Milan en el Derby della Madonnina. Si así queda el resultado, mañana me tocará aguantar a mis compañeros chilenos hablar todo el día sobre Alexis Sánchez.

Gracias por tu atención.

Avil Ramírez Mayorga

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