Registro de Beneficiarios Finales de sociedades mercantiles y la lista gris de la GAFI

Recientemente en Nicaragua la Asamblea Nacional aprobó la creación de un nuevo Registro de “Beneficiarios Finales” de las sociedades mercantiles inscritas en el país. Este hecho ha despertado cierto recelo y desconfianza por parte del sector privado, aduciendo la exposición a la que se someterán los empresarios frente a un posible uso indebido que se le dé a la información que se proporcione en este nuevo registro. Asimismo, los principales gremios han señalado que la iniciativa presentada no sigue una supervisión con un enfoque basado en riesgo. Esto nos ha motivado a redactar esta entrada para exponer los hechos, para lo que primero deberemos repasar los antecedentes.

A finales de febrero del 2020, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –que es una organización internacional que lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo- decidió incorporar nuevamente a Nicaragua en su “Lista Gris” al notar deficiencias en su lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (“LA/FT”). El organismo reseña que el gobierno de Nicaragua, en aras de fortalecer la efectividad del régimen anti lavado de activos, suscribió los siguientes compromisos frente a la GAFI y GAFILAT: 1) desarrollar una comprensión más detallada de los riesgos de LA/FT; 2) Buscar cooperación internacional, especialmente en materia de identificación y trazabilidad de activos para efectos de confiscación y repatriación; 3) conducir una supervisión basada en riesgo efectivo; y 4) tomar medidas apropiadas para prevenir que personas jurídicas y acuerdos sean usados para fines ilícitos, así como asegurar una información actualizada respecto a los beneficiarios de las sociedades comerciales.

Vale destacar que Nicaragua fue removida de esta “Lista Gris” en la XXVI Reunión Plenaria de febrero del 2015, lo que significó salir del grupo de países objeto de un seguimiento intensificado, al notar esfuerzos en mejorar el marco jurídico en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. Ahora compartiremos espacio nuevamente junto a países como Pakistán, Siria, Yemen, Zimbabue, Mongolia, Bahamas entre otros (incluyendo a nuestro vecino regional Panamá), lo que sin duda afectará aún más la imagen país frente a los inversionistas extranjeros e instituciones financieras internacionales.

Con estos antecedentes, la Corte Suprema de Justicia presentó el 29 de julio de 2020 una iniciativa de reforma tanto a la Ley Nº 698 “Ley General de los Registros Públicos” y del Código de Comercio de Nicaragua, con el objeto de fortalecer precisamente el marco jurídico nicaragüense en materia de LA/FT y atendiendo a la Recomendación 24 del GAFI (dichas recomendaciones constituyen un estándar internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación), la cual dice, entre otros, lo siguiente: “…Los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente…Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras y las APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) que ejecutan los requisitos plasmados en las Recomendaciones 10 y 22.

Adicionalmente, en la Nota Interpretativa de la referida Recomendación 24 expresa que la información básica mínima a obtener y registrar por las sociedades mercantiles debe ser: …b) un registro de sus accionistas o miembros, que contenga los nombres de los accionistas y miembros y la cantidad de acciones en poder de cada accionista y las categorías de acciones (incluyendo la naturaleza de los derechos al voto asociados).

En el mismo sentido, el GAFI entiende como beneficiario final a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee o controla a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.

Un ejemplo de un beneficiario final sería el siguiente: la entidad “Mercurio, S.A.” tiene como accionistas a Juan, María y la entidad “Inversiones Legalfella, S.A.”. En este caso con Juan y María no hay problemas, pero para conocer a las personas naturales beneficiarias finales de Inversiones Legalfella, se deberá conocer quiénes son los accionistas de ésta, hasta llegar a una persona natural. Por lo que si detrás de esta sociedad hay otra sociedad como accionista, se deberá solicitar tal información hasta finalmente llegar a las personas naturales, que constituyen al beneficiario final. Un poco tedioso, pero así funciona la estructura e ingeniería legal.

Siendo así, vimos brevemente que la decisión de crear un registro del Beneficiario Final de las sociedades mercantiles en Nicaragua obedece a buscar como retirarnos de la “Lista Gris” de países que requieren una supervisión especial debido a la exposición y riesgos en materia de LA/FT. De la misma manera, que la creación de un registro de esta naturaleza también obedece a procurar observar los estándares internacionales en la lucha contra el LA/FT).

¿Qué aprobó la Asamblea Nacional?

Luego del repaso de los antecedentes, este pasado jueves 20 de agosto, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la “Ley Nº 1,035 de Reforma y adiciones a la Ley 698 General de los Registros Públicos” y “Código de Comercio de la República de Nicaragua”, reformando los artículos 3, 36, 155, 156, 158 y 171 de la Ley Nº 698, así como el artículo 121 del Código de Comercio. La misma fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 158 del 25 de agosto de 2020.

Como resultado de esta aprobación se crea el “Registro de Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles”, como parte del Sistema Nacional de Registros que supervisa y rectorea la Corte Suprema de Justicia. Este registro tendrá las siguientes funciones:

  1. Registrar la información del beneficiario final declarada por la sociedad mercantil;
  2. Asegurar la integridad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad de los datos custodiados de conformidad a los estándares internacionales generalmente aceptados en el manejo y protección de datos; y
  3. Garantizar el acceso de las sociedades mercantiles interesadas, de las autoridades competentes e instituciones pertinentes a la información del Beneficiario Final.

Es de destacar que gracias a la incidencia de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) se logró incorporar lo referente a la confidencialidad y trazabilidad de los datos custodiados, así como el acceso a los mismos.

Ahora bien, es importante saber que con este nuevo registro, se crea el deber de mantener actualizado ante el nuevo registro la composición accionario y beneficiarios finales de una sociedad, previo a poder inscribir cualquier acto relacionado a la operación de la sociedad (piénsese por ejemplo en actos cotidianos tales como una nueva Junta Directiva o la inscripción de un Poder General de Administración). Inclusive, los juzgados ahora no le darán curso a las demandas presentadas por sujetos que debiendo estar inscritos en el referido registro, no adjuntasen a la demanda la certificación correspondiente.

Recapitulando, se ha creado un nuevo registro en el cual las sociedades mercantiles nicaragüenses deberán informar respecto a los beneficiarios finales, en el entendido de estos como aquellas personas naturales que perciben los beneficios económicos de cualquier participación en una sociedad. Asimismo, la inscripción constituye un requisito, so pena de no poder inscribir nuevos actos ante el registro mercantil o bien sea presentar una demanda judicial.

Se debe señalar que para la plena aplicación y operación de este registro se deberá esperar a la normativa específica que al respecto deberá emitir discrecionalmente la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, no se podrá evaluar como operará tal registro en tanto en cuanto no contemos con la esperada normativa.

La discrecionalidad del párrafo anterior de hecho constituye una de las principales críticas que el sector privado ha realizado, habida cuenta que se está delegando en el órgano rector (en lugar del legislador) el establecimiento de por ejemplo el tema sancionatorio.

También debemos comentar que no se ha delimitado lo que se entiende por “Beneficiario Final”. Como referencia, para los abogados de conformidad con el Acuerdo 451 del Consejo de Administración y Carrera Judicial, tal persona es quien ostente un 25% o más de titularidad sobre una persona jurídica. Este caso no sucede en las legislaciones de Panamá o Costa Rica por ejemplo.

Si quieren revisar la publicación de la referida Ley en La Gaceta, pueden revisar el siguiente link.

Experiencia comparada de Costa Rica y Panamá

Para aprender un poco de la experiencia que algunos de nuestros vecinos centroamericanos han tenido al respecto, examinaremos en términos generales los casos recientes de Costa Rica y Panamá.

Costa Rica

En cuanto a Costa Rica, nuestros vecinos cuentan con la Ley Nº 9,416 “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”, complementada con el Reglamento Nº 41,040 “Reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales”, mediante la cual se crea la obligación de proporcionar al “Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales” del Banco Central de Costa Rica el registro o indicación de los accionistas y beneficiarios finales, cuando se dé una variación en algún accionista que tenga una participación sustantiva igual o superior al 15% de la participación con respecto al capital total de la persona o estructura jurídica.

Ministerio Hacienda en Twitter: "REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y ...

Bien sea sociedades que tengan como accionistas a entidades domiciliadas en el extranjero o en Costa Rica, se deberá proveer los datos sobre la propiedad de la totalidad de las participaciones de esas entidades, así como los poderes otorgados en Costa Rica para el desarrollo de la actividad, de conformidad a los artículos 6 y 10 del Reglamento.

Para garantizar el buen uso de la información proporcionada, la referida Ley le reconoce a los Beneficiarios Finales en su artículo 12 las siguientes garantías:

  1. Que se suministre, por parte de los obligados o los representantes legales, según corresponda, información actual, veraz y exacta.
  2. A denunciar, ante el juez competente, que la información contenida en la base de datos está siendo utilizada para fines ilegítimos o diferentes de los establecidos en la solicitud de información hecha por el Ministerio de Hacienda o el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
  3. Solicitar, al Banco Central de Costa Rica, la confirmación o no de la existencia de datos propios en la base de datos.
  4. Solicitar la rectificación de la información, cuando la consignada no es actual, veraz y exacta.
  5. Que se garantice, por parte de los funcionarios públicos autorizados, la confidencialidad de los datos.
  6. Que el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas adopten las medidas de índole técnica y de organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar su mal uso, alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, así como cualquier otra acción contraria a esta ley.

Igualmente, en caso de incumplimiento con el suministro de la información, no procederá la inscripción de nuevos documentos societarios (piénsese poderes generales de administración o nuevas juntas directivas) en tanto en cuanto no se cumpla con la información de los beneficiarios finales.

Para mayor información, puede revisar el portal digital del referido registro en el siguiente link. Este registro está operando desde septiembre de 2019.

Panamá

Ahora bien, respecto a la experiencia panameña, se cuenta con la Ley Nº 129 del 20 de marzo de 2020, la cual crea el sistema privado y único de registro de Beneficiarios Finales de personas jurídicas constituidas o registradas bajo las Leyes de la República de Panamá, el cual será custodiado y administrado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, con el objeto de garantizar la confidencialidad de la información.

Superintendencia de Sujetos no Financieros – Legal Solutions Panama

A diferencia de Costa Rica, la legislación panameña identifica como beneficiario final a aquella persona que posea o controla el 25% o más de las acciones o derecho a voto en una persona jurídica, o quien posea, controle o ejerza influencia significativa sobre los contratos o negocios, o la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realice una transacción, de conformidad a las definiciones provistas por el artículo 2 de la Ley.

E igual que Costa Rica (y ahora Nicaragua), el artículo 24 de la Ley dispone que aquellas sociedades que no hayan cumplido con su obligación de suministrar información respecto a sus beneficiarios finales, podrá verse suspendida de sus derechos corporativos, no pudiéndose inscribir ningún acto, documento y/o acuerdo, ni podrán expedirse certificaciones relativas a tal persona jurídica. Inclusive, si la sociedad no actualiza su información después de dos años de la suspensión, se tendrá por disuelta.

En el siguiente recuadro veremos algunos de los principales elementos relacionados con la operación del Registro de Beneficiarios Finales que al respecto tienen nuestros vecinos del sur.

ÍtemCosta RicaPanamá
Entidad rectoraBanco Central de Costa RicaSuperintendencia de Sujetos No Financieros
Sujeto responsable de proveer informaciónRepresentante legal de la sociedadAgentes residentes y representante legal de la sociedad
Momento de cumplimientoAnualmente o cuando algún accionista iguale o supere el limiteUn término máximo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de cualquier variación en la información del beneficiario final
Información a entregar-Identificación de la totalidad de los accionistas y de los beneficiarios finalesRespecto al beneficiario final: nombre completo, documento de identificación, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección y fecha a partir de la cual adquirió la condición de BF
ExcepcionesSociedades que coticen en el mercado de valoresSociedades que coticen en el mercado de valores
Personas y entidades que tienen acceso al registro-Partes afectadas (sociedad, accionistas, beneficiarios finales) -Banco Central de Costa Rica Ministerio de Hacienda -Dirección General de Tributación -Instituto Costarricense sobre Drogas-Partes afectadas (sociedad, accionistas, beneficiarios finales) -Ministerio Público -Ministerio de Economía y Finanzas -Superintendencia de Bancos -Unidad de Análisis Financiero -Superintendencia de Mercado de Valores
Garantías para el beneficiario finalSí (en el artículo 12 de la Ley Nº 9,416)Sí (en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Nº 129 de 2020)
Sanciones por no suministro de informaciónSí (en el artículo 13 de la Ley Nº 9,416 y artículo 84 bis de la Ley Nº 4,755)Sí (en los  artículos 23 y 24 de la Ley Nº 129 de 2020)

En el siguiente link podrán encontrar un detalle del 2017 con numerosos países que tienen un registro de esta naturaleza, incluyendo Alemania, Australia, Brasil, España, Estados Unidos de América, Israel, Japón, Singapur, Suecia, entre otros.

Conclusiones

Hemos visto que la creación de registros de beneficiarios finales a nivel internacional ha sido una medida positiva en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La intención detrás de estos registros es que las autoridades pertinentes puedan conocer quién está detrás de cada sociedad, con el objeto de prevenir que éstas sean usadas con fines ilícitos.

Apreciamos que tanto Costa Rica como Panamá han adoptado medidas legales para garantizar la privacidad y protección de los derechos de los afectados, lo que constituye un marco de referencia importante para Nicaragua.

A la vez, la aprobación de la ya referida Ley Nº 1,035 si bien constituye un paso positivo en cuanto al marco legal del sistema de PLA/FT, la discrecionalidad que el legislador le ha dado al órgano rector representa un serio cuestionamiento y eleva la incertidumbre jurídica. Lo deseable es que la reforma recién aprobada hubiese contenido mayores lineamientos, a efectos de no dejarle tanta capacidad discrecional al reglamento.

Y por último, no se puede negar que el grave contexto sociopolítico que atraviesa Nicaragua desde hace dos años, justifica la desconfianza y recelo que ha elevado el sector privado respecto al acceso a la información a la que tendrán las autoridades gubernamentales.

Te ruego dejes cualquier comentario que tengas a bien para poder mejorar, así como temas que te gustaría que abordemos en Legalfella ¡No olvides compartir y recomendar este artículo en tus redes sociales!

Gracias por su atención y recuerden seguir todas las orientaciones sanitarias respectivas para protegernos del #COVID19.

Avil Ramírez Mayorga

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